Ayer se conoció la histórica y sin precedentes sanción de propone Antiviolencia al Sevilla FC, por los incidentes acaecidos en el pasado derbi.
Según este organismo, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán deberia cerrarse por un mes y pagar la entidad sevillista una multa de 120.000 euros.
Una denuncia basada en suposiciones
Se trata de una sanción completamente desproporcionada, suponiendo un nuevo agravio comparativo con otros hechos similares o peores ocurridos en nuestro fútbol.
Como siempre ocurre, el Sur de España vuelve a ser ejemplarizante, cuando otras actitudes que se nos vienen a la cabeza, como el asalto de los ultras del Espanyol a terreno de juego en un título del Barça o el lanzamiento de objetos de los ultras del Atlético en un derbi, no tuvieron la misma respuesta por parte de este organismo.
Además, gran parte de la denuncia de la Policía viene por suposiciones sobre el grupo ultra del Sevilla FC, Biris Norte, por el despliegue de una pancarta en la que en ningún lugar aparecía su nombre o emblema.
El informe de la Policía Nacional afirma que fue reivindicada por el grupo radical en sus redes sociales para justificar la denuncia.
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El hecho de que los Biris estén inscritos como grupo ultra en el registro del Ministerio del Interior ha tenido muchísimo peso, como así se refleja en el informe:
«La pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido. El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla FC. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales».
