En el presente artículo vamos a analizar, siguiendo la línea de todos nuestras publicaciones (es decir, máximo rigor jurídico pero con un lenguaje para todos los públicos) uno de los aspectos más interesantes de este conflicto jurídico: ¿cuánto dinero puede exigir el Sevilla FC a los posibles infractores? Partiremos de una premisa inicial de sobra conocida: que el jugador renovó su contrato por un acuerdo privado, mediante un contrato verbal u escrito que no llegó a formalizarse nunca en el contrato federativo (supuestamente tras recibir, una vez acordada la renovación consensual con el propio Sevilla FC, una oferta superior del Club Atlético de Madrid), habiendo ampliado su cláusula de rescisión de 35 a 50 millones de €.
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