Del Nido dio por resuelto el pacto el pasado 13 de julio, al considerar que existían «diversos incumplimientos» por los que pedía 10 millones de euros «como penalización», y denunció que su hijo y Castro «se aseguraban el ejercicio indefinido de sus cargos» o que habían modificado las retribuciones de los consejeros «sin su conocimiento ni consentimiento». Además, el 1 de septiembre pidió la convocatoria de una junta extraordinaria para votar «la remoción íntegra del consejo de administración» y el nombramiento de uno nuevo. El juez destaca que Del Nido no impugnó la junta de diciembre de 2019 ni el consejo de enero de 2020, cuando se aprobaron las nuevas retribuciones de los consejeros, ni realizó ninguna «acción directa» contra su hijo durante un tiempo pese a su insistencia en que no le informó de sus gestiones como vicepresidente.
